La acción se inscribe en el texto bajo la figura de “Qui Tam”, que Vitor definió como “una herramienta legal que concreta la obligación asumida por el Estado argentino -en sus diversas jurisdicciones- de evitar la corrupción, factor determinante del atraso, violencia y empobrecimiento social“.

Esta herramienta “legitima para accionar a personas físicas o jurídicas en procura de la recuperación o interdicción de fondos o bienes públicos” y, a su vez, “para lograr recuperar esos bienes o fondos públicos trasvasados por actos de corrupción se prevé legitimar a la ciudadanía entregándole una recompensa para el caso de que la acción prosperara”, explica Vitor en el proyecto.

Según el proyecto, “entre el 15 y 20% de los fondos o del valor del bien público que se recuperen o cuya pérdida se hubiere evitado, sin perjuicio de los gastos en que hubiese incurrido”, será la recompensa para el denunciante.

“Cuando la suma o el valor del bien fueren inferior a la cantidad de un millón de pesos, la recompensa deberá estimarse entre el 25 y 30%“, sostiene el documento.

“Esta acción, novedosa para Argentina, existe en otros países del mundo desde hace años, y es una institución ampliamente conocida en Inglaterra, Estados Unidos y otros países anglosajones”, concluyó el diputado.

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