Como si se tratara de una organización internacional sin nombre pero con millones de adherentes, sin sede central pero con bases en las casas de cada depravado, sin estatuto pero con el abuso sexual de niños como regla, la pornografía infantil crece a la par de la tecnología, asegura el periodista José Amado, en un informe publicado por Diario Uno.

Según los especialistas, ha aumentado el delito en sí, tanto como las posibilidades de detectarlo. Por eso, en los últimos meses se han iniciado varias causas en Entre Ríos, algunas con detenidos, en las que se investigan desde la publicación en redes sociales del material ilícito, hasta la producción del mismo, donde los abusadores filman los abusos a menores y los comparten en la red delictiva a la que pertenecen.

La mayoría de los casos son detectados por las redes sociales y denunciados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos, que envían la información al Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, y desde allí se derivan las causas a cada provincia.

Sin embargo, el último caso, detectado en la ciudad de Federal, se originó a raíz de la denuncia de una mujer, que derivó en un allanamiento, el secuestro de soportes informáticos donde se hallaron imágenes de abusos de niños producidos por el sospechoso, y la detención del acusado. El sujeto compartía el material a través de grupos de Whatsapp, integrados por depravados de todo el mundo.

La fiscal que lleva adelante esta investigación es Eugenia Molina, quien informó que, tras recibir la denuncia, se realizó la requisa en el domicilio del sujeto señalado, en calles Presidente Perón y San Jorge, se secuestraron computadoras, celulares, tarjetas de memoria y otros elementos que fueron sometidos a pericias.

En el análisis del contenido se confirmó la existencia de gran cantidad de fotos y videos de pornografía infantil. Luego se pudo corroborar que los niños son de Federal y que el abusador que produjo el material es el mismo acusado. Por lo tanto, se dispuso la detención del hombre de 45 años, lo indagaron por los delitos de Abuso sexual simple y Producción y distribución de dicho material. Además, el Juzgado de Garantías dictó 90 días de prisión preventiva .

“Estamos en contacto con Trata de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación y recibimos denuncias de más papás de víctimas. Tenemos identificadas a tres niñas y estamos viendo tres más”, dijo Molina.

Además, se pudo advertir que el imputado “compartía las imágenes en grupos de Whatsapp, desde donde se distribuían a otros grupos”, indicó la fiscal, por lo que consideran que esta causa dará lugar a muchas más en distintos lugares del país y las correspondientes imputaciones a aquellos que pudieran haber publicado las fotos y los videos.

Lo dificultoso de este caso es que los degenerados utilizan Whatsapp para la reproducción del material pornográfico infantil. Facebook, Twitter o Google, por ejemplo, tienen más facilidad para detectar la circulación de las imágenes con este contenido que el sistema de mensajería instantánea de celulares.

El paso a paso de una investigación

El jefe de la División Delitos Complejos (Dirección Inteligencia Criminal) de la Policía de Entre Ríos, Gerardo Schumacher, recibe los casos a investigar, desde la Fiscalía. Explicó que tras recibir las denuncias hace una investigación técnica por cuestiones de localización de IP (número que identifica a cada dispositivo). Se detecta la cuenta desde la cual se publicó la foto y se registra como prueba. “Luego de determinar el domicilio, marco una vigilancia en la casa para saber quién vive y en el allanamiento secuestro el material de soporte y se envía todo a Inteligencia Criminal para las pericias. Si en la máquina encontramos material pornográfico, la Justicia ya tiene los elementos y al autor identificado”.

Para estos casos, asegura Schumacher, “hay que tener mucho cuidado de no escrachar gente inocente, porque puede ocurrir que la clave de Wi Fi sea compartida o que el vecino la utilice”.

Esto último, por ejemplo, ocurrió en Gualeguaychú, en octubre de 2015, cuando fue allanada la casa de un docente cuya red de Wi Fi había sido utilizada por un vecino menor de edad a través de un router doméstico sin clave, para publicar material pornográfico. El maestro relató en aquel entonces estar “en total desconcierto por lo que estaba sucediendo, tuvimos que entregar computadoras, routers, pen drives y desde entonces vivimos una auténtica pesadilla”.

Fuentes judiciales informaron que, cada cinco o seis meses, llegan alrededor de 40 denuncias de casos de toda la provincia, y según corresponda el domicilio de donde se distribuyó una imagen, se envía la información a la Fiscalía local para iniciar el legajo y la investigación penal preparatoria correspondiente.

Un delito en expansión

Solo en las últimas semanas se pueden contar cuatro casos en la provincia, que se dieron a conocer tras procedimientos. Al mencionado de Federal, se suma un allanamiento a un profesor de vóley en Viale, otro a un expolicía en San José y a un empleado estatal en Paraná.

En Viale, un hombre publicaba imágenes ilícitas a través de Instagram. La red social lo detectó y lo informó a la citada ONG NCMEC que lo denunció ante la Fiscalía de Capital Federal, desde la cual se derivó la información a la Fiscalía de Paraná. Se supo que el sujeto tenía un nombre falso para identificarse en Instagram, pero el usuario de la cuenta era un correo electrónico con su nombre y apellido verdaderos, por lo cual no fue difícil ubicara l hombre de 45 años. Cuando se allanó su casa el 21 de abril, secuestraron ocho celulares, dos CPU genéricos, una notebook, dos tabletas, 15 DVD, una tarjeta de memoria, una SIM, dos Pen Drive y una tarjeta de memoria de 2 GB. En algunos de los soportes se hallaron las imágenes de pornografía infantil.

El 28 de abril, un expolicía de 45 años entrerriano fue allanado en San José (Departamento Colón) y le secuestraron diversos elementos como celulares, CDs, cámaras digitales, CPU y routers. El sujeto ya contaba con una causa similar iniciada hace un tiempo por la propia fuerza policial y por la cual había sido sumariado y desafectado en noviembre de 2016.

Según se indicó desde la Fiscalía local, la información llegó desde Estados Unidos en archivos encriptados, por lo que se solicitó a la Fiscalía de Delitos Informáticos de Buenos Aires la decodificación de los mismos. “Hay mucha información para analizar, como videos y fotos. Se secuestraron teléfonos, memorias, cámaras fotográficas”, señalaron. En este caso, al igual que el de Federal, el hombre está acusado de producir las imágenes abusando de niños para la posterior publicación de las mismas.

En el barrio Anacleto Medina de Paraná, el 3 de abril la División Trata de Personas Policía arribó a un domicilio de calle Los Chanás, donde vive un empleado del estado provincial, de 53 años. Según los datos de la investigación, desde una computadora conectada a la red de esa vivienda se distribuyó pornografía infantil. En la misma se secuestraron computadoras y más de 800 CD,a demás de armas de fuego.

La particularidad de este caso es que, según se sospecha, el sujeto habría producido parte del material pero no en contacto físico con niños sino a través de internet. Se cree que chateaba en distintas páginas con menores de edad y así lograba las imágenes que luego compartía. Este accionar se llama grooming, un mayor de edad se contacta con niños a través de internet y bajo engaño se gana la confianza para lograr el abuso sexual.

“Chateaba con chicos, lograba el material y lo distribuía en páginas de pedófilos que están simuladas, con claves y usuarios, que duran pocos días para evitar ser detectados, es un sistema mundial”, informó el jefe de Trata, Diego Jazmín.

Más gravedad tomó el asunto en esta causa cuando se supo que el imputado era un empleado del Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia), que entonces trabajaba en la sede central, pero era de antigüedad por lo que anteriormente podría haber estado en contacto con niños.

En febrero de 2015, la ciudad de Victoria pasó a ser noticia cuando se allanó la sede local del Círculo de Retirados de la Policía de Entre Ríos, en busca de material informático. Desde ese domicilio, en 2013, se habían publicado imágenes de pornografía infantil y la investigación descubrió que una persona ajena al lugar había utilizado el acceso a internet para tal actividad ilícita.

El fiscal de Victoria, Gamal Taleb, contó: “Se hizo una investigación muy larga, donde después de que la Fiscalía especializada en delitos sexuales de Buenos Aires me enviara las actuaciones de Interpol y el IP con al dirección del lugar donde se había subido el video, la prima medida fue el allanamiento. Se secuestraron las dos computadoras y las envié a peritar, para ver si el contenido del hardware y el software tenían indicadores de que se hubieran compartido imágenes a través del programa Edonkey (red de intercambio de archivos). Se analizaron, tenían miles de fotos y videos, y no había ninguna de contenido sexual”.

La explicación que encontraron fue que “en el Círculo se había ofrecido un curso de capacitación desde 2011 hasta 2014 con computadoras que traía una empresa de Buenos Aires, de las que no se tenía datos, con un contrato en el que no figuraban los responsables. Ponían las computadoras en red para dar los cursos. Podría haber sucedido que así hayan subido el video. La empresa no existe más y no hay nombres de nadie”, dijo el fiscal.

El horror en barrio Mosconi

Nadie en el barrio Mosconi de Paraná imaginaba lo que se descubrió en agosto de 2015, cuando la Policía allanó al casa de Gustavo Couturier: el vecino que pasaba casi desapercibido llevaba niños (del barrio y de su familia) a su casa, abusaba sexualmente de ellos y producía material pornográfico que luego distribuía en internet. Uno de los medios sociales utilizados para ello fue Facebook, que al detectarlo lo informó a Interpol y luego actuó la Justicia entrerriana. La causa tuvo algunas idas y vueltas, pero finalmente se reactivó, se allanó la casa del acusado y se secuestraron memorias, CD y pen drives que contenían videos de las violaciones.

Se logró identificar a cinco víctimas que aparecen en los videos, por las cuales Couturier será juzgado por el delito de Corrupción de menores. Hace un par de semanas se iba a realizar el debate, pero se suspendió producto de que se podría llegar a un acuerdo de juicio abreviado.

Sanción leve

Publicar una imagen cuyo contenido sea pornografía infantil tiene una sanción muy leve. Es muy difícil que quien lo haga termine preso, según lo establece el artículo 128 del Código Penal. El margen de la pena es de seis meses a cuatro años de prisión (hasta tres puede ser de cumplimiento condicional). Se tendrían que probar agravantes del delito para que la pena pueda ser efectiva. Los legisladores deberían tomar nota.

Fuente: Diario UnoAutor: José Amado
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