Repitió, se quejó y sus padres recurrieron a la Justicia

“El lunes entregan las notas LPM!!!!! Veamos el lado bueno? ME QUEDA UN FINDE MAS DE VIDA!!!!! Wiiiiiii”, escribió Ana, de 16 años, alumna de tercero de un liceo uruguayo, un viernes de mayo de 2013 en su muro de Facebook. Tres días después su pesadilla se hizo realidad. La evaluación fue mala. Seis materias bajas: Matemática 5, Historia 5, Química 5, Educación Visual y Plástica 5, Geografía 4 y Física 3. El resumen de los docentes advertía: “Modifique su actitud: estudie seriamente”.A fin de año mantenía seis materias bajas. En Matemática, Biología, Física y Educación Visual y Plástica apenas lograba un 4. En Literatura y Química, un 5. Con esto los docentes consideraron que debía “repetir el curso por rendimiento”. Sus padres no se conformaron. Convencidos de que su hija no se merecía tal evaluación decidieron denunciar el caso ante la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Quizá parezca una actitud atípica, pero no lo es. Solo Secundaria suele recibir 50 denuncias al año en sus oficinas por quejas como esta. Otras cientos de casos se arreglan directamente dentro de las instituciones, con la mediación de directores y subdirectores, cuenta la consejera y exdirectora del liceo IAVA, Isabel Jaureguy.

En una carta los padres de Ana advirtieron a la ANEP que en ningún momento les avisaron “ni por mail, ni por teléfono, ni por ningún otro medio de comunicación” que su hija “corría peligro” de no pasar de grado. Pese a que los padres no hacían un pedido expreso de lo que pretendían que sucediera a partir de esa misiva, las autoridades de la educación decidieron revisar el caso haciendo un estudio de las calificaciones materia por materia.

La Inspección de Institutos y Liceos del Consejo de Educación Secundaria (CES) pidió al colegio que presentara su descargo, además de que entregaran la escolaridad de la joven junto con las pruebas escritas realizadas por ella. La investigación concluyó en que “la alumna no fue bien evaluada en la asignatura Literatura”. La decisión implicaba un gran problema, puesto que “si en lugar de ser calificada con 5” Ana “hubiera sido calificada con 6” no habría repetido, sino que su fallo habría sido condicional, o sea sujeto a la aprobación de exámenes.

El CES demoró 10 meses en pronunciarse. Para ese entonces ya no podía dar vuelta atrás el veredicto de los docentes, que la habían condenado a la repetición. Se limitó, en una resolución firmada por el exconsejero Daniel Guasco, a darle “por aprobada” Literatura a la alumna.

Ana estaba en ese entonces cursando de vuelta tercero en otra institución y sus calificaciones seguían siendo malas. En Literatura, que a partir de ese momento podía exonerar, tenía 4, un punto menos del que había logrado a fines del año anterior.

La demora en la toma de resoluciones por parte de los inspectores se debe, señalaron fuentes de este departamento, a que el área está diezmada en cuanto a la cantidad de personal. El caso protagonizado por Ana, no obstante, tiene dos particularidades: es el primero en llegar a la Justicia y marca un precedente, porque la jueza resuelve contra la opinión de ANEP.

Docentes solos

Tanto la cantidad como la calidad de las inspecciones que se realizan en Secundaria están cuestionadas. Desde el sindicato se suele denunciar la presión por parte de quienes ejercen esta tarea para que los docentes hagan promover cada vez a más estudiantes. En tanto, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) ha advertido que el departamento carece de personal, y que la evaluación de los docentes no es suficiente. Jaureguy reconoce que un profesor “no es evaluado más de cuatro veces” por inspectores durante toda su carrera. Y advierte que hay materias como Música y Contabilidad para las que hoy en día no hay ni un solo inspector.

Las cifras del Ineed indican que 40% de los docentes de educación Secundaria pública y 24% de la privada reciben “raramente o nunca” una retroalimentación sobre su trabajo de parte de un superior inmediato. En educación Técnica este porcentaje trepa a 43%. Mientras, en Primaria pública y privada las cifras son de 12% y 18%, respectivamente.

Jaureguy explica que esto se debe a la escasez de inspectores. “Están los inspectores que evalúan el funcionamiento de los liceos, que analizan lo que pasa con el director, el subdirector y la operativa general. Estos no son más de 20. Después están los inspectores de las materias, que en las áreas grandes, como Matemáticas e Historia no hay más de dos en todo el país”, según expresó la consejera.

Los profesores no son evaluados, y muchas veces los inspectores se ven obligados a hacer otras tareas más allá de ir a las aulas. Una de ellas es atender a las denuncias que llegan directamente al CES de parte de padres que no están conformes con las notas de sus hijos.

A juicio

La resolución de los inspectores de Secundaria fue lo que decidió a los padres de Ana a poner a los responsables del colegio al que ella asistía, en el banquillo. Presentaron una demanda en la que reclamaron $ 100.000 por la cuota pagada a lo largo de 2013, $ 91.812 por la matrícula y el pago de la anualidad del nuevo liceo privado al que iba Ana, $ 8.000 por el gasto de uniformes, $ 8.280 por dos boletos diarios en los días de clase, $ 200.000 por daño moral a la menor y $ 200.000 por daño moral a los padres ($ 100.000 por cada uno). En total exigieron $ 608.092.

El escrito de la abogada de los padres, además de adjuntar lo resuelto por Secundaria, advertía que “si bien en la segunda evaluación del año la menor tenía cinco materias con nota insuficiente, nada hacía suponer que su rendimiento iba en declive”. Cinco es el límite de notas bajas que se pueden tener para promover, sin embargo la representante de la familia insistía en que “en ningún momento se tuvo conciencia del peligro del pasaje de grado de Ana, pues, de lo contrario, las medidas a tomar se hubieran incrementado aún más”.

Los padres sostenían que, preocupados por la situación de su hija, ya la habían mandado a clases particulares de Matemáticas y Física, materias en las que terminó el año con una calificación de 4, y que también la llevaron a repetir. La abogada concluyó que hubo una “ilicitud de la reprobación del año lectivo”.

La defensa del colegio develó por su parte algunos detalles que no aparecían en el escrito de la representante de la familia, y que al parecer tampoco fueron tomados en cuenta por los inspectores del CES a la hora de escribir su dictamen. En la ficha de la alumna al momento del ingreso a la institución, que había sucedido cuando tenía 11 años, la propia madre de Ana advertía que esta “no da el brazo a torcer” cuando quiere lograr algo, y que solía ponerse a llorar en estas circunstancias. Respecto a qué tipo de penitencias se le solían poner, señalaba que “hablarle es gastar saliva” y que trataba “de no pegarle”, aunque reconocía: “A veces se me va la mano”. Sobre cómo había sido el desempeño académico de su hija hasta el momento decía que este era “mediocre”, y a ella la definía como “vaga” y “temperamental”.

Ana tuvo varias observaciones y una suspensión en tercer año. Las razones para estas penalizaciones fueron diversas: tres veces por usar el celular en las clases de Literatura y Matemáticas; por hablar en las clases pese a la advertencia de los profesores; por usar “vocabulario inapropiado” en la clase de Historia. Por acumulación de observaciones es que se decidió suspenderla. Las fechas de estas sanciones coinciden con algunos posteos en Facebook de la joven ofensivos para la institución.

Sobre su desempeño en especial en Literatura, materia para la que el CES entendió que debía tener un punto más que el que se le dio, el expediente advierte que la joven no hizo el escrito final y tampoco presentó su último trabajo. Que si bien había tenido en algún momento del año dos escritos relativamente buenos, con notas de 7 y 8, tenía varios orales en los que se había sacado apenas un 1. Pero más allá de todo esto, el propio CES reconoce que los profesores no deben hacer el promedio de forma matemática y que se debe tener en cuenta también la conducta de los alumnos.

“En los liceos no están discriminadas las notas de rendimiento y comportamiento, entonces a veces se pueden tomar las notas de cada trimestre y al hacer la cuenta da una cosa que en realidad no coincide con la evaluación de lo que pasa día a día. Por eso no se debe hacer el promedio de forma matemática. Si no, puede haber un alumno disruptivo que como sabe inglés se saca 12 en los escritos y después hace cualquier cosa. La evaluación debe hacerse de manera global. Eso es lo que pauta el reglamento”, explica la consejera Jaureguy.

Lo mismo se considera desde el sindicato de profesores. La presidenta de Fenapes, Virginia García Montecoral, manifiesta que “el promedio debe hacerse según el proceso, no según lo que de la cuenta matemática, porque si no pasaría cualquier cosa. Si a una gurisa yo le pregunto cuál es el principal río del Uruguay y me dice el Río Congo, está mal; pero si lo que hace es mandarme a la mierda, es mucho peor. El reglamento de pasaje de grado no computa la conducta como algo específico, pero se tiene que tener en cuenta en el fallo final”.

Sin embargo, el dictamen del CES llevó a la directora y a los profesores de Ana al banquillo para que dieran explicaciones de por qué la joven no había pasado. La docente de Literatura fue una de las que debió declarar:

—Estuvo siempre al límite, no cumplía con las tareas domiciliarias, cuando las entregaba lo hacía fuera de fecha, no llevaba el material de trabajo, ella no llevaba el texto, su comportamiento en clase no era el esperado para una alumna de tercer grado. Yo la observé por el uso indebido del celular, ella lo usaba de manera constante y cuando se le pedía que lo guardara no lo hacía. Recuerdo una vez que ella entró a clase haciendo escándalo. Le llamé la atención y seguía con actitud desafiante.

—Sí, ellos tuvieron que realizar una tarea especial y ella no lo entregó en tiempo y forma, lo entregó fuera de fecha y no respetó el formato de la consigna, lo llevó en el celular.

No hubo testigo que no advirtiera sobre los problemas de conducta de Ana, ni siquiera aquellos para los que se solicitó su declaración por parte de los demandantes. Su pediatra habló de una “actitud transgresora” y dijo que le “ocasionaba dolores de cabeza a sus padres”, que “ya no saben cómo encaminarla”. Hasta una amiga de la familia fue a declarar y reconoció que la posibilidad de que Ana repitiera era al- go que la madre ya manejaba tiempo antes de que esto se concretara. La única cosa de la que la Justicia se podría agarrar a favor de los padres era lo dictaminado por el CES.

El veredicto

La historia que comenzó con el mal año de Ana en 2013 terminó apenas unas semanas atrás cuando a la familia se le vencieron los plazos para apelar lo decidido por la Justicia, que llamó a respetar la libertad de cátedra de los docentes sin tomar en cuenta lo que resolvió el cuerpo de inspectores del CES.

La jueza consideró que “el resultado académico obtenido por la joven era absolutamente previsible”. Y de alguna manera desconoce lo dictaminado por Secundaria.

“En cuanto a la situación con la asignatura Literatura, la que de haber obtenido el suficiente, tal vez hubiera evitado la repetición del curso, entiendo que la docente posee libertad de cátedra y es quien mejor puede valorar los conocimientos y desempeño de la alumna. Considero harto discutible desde el punto de vista pedagógico la conclusión arribada por Secundaria, pues la evaluación final de la docente debe englobar todas las actitudes del estudiante y sobre todo si logró los conocimientos que debe poseer”, señaló la jueza.

Ni el sindicato ni el CES recuerdan antecedentes en que la Justicia desconozca un dictamen de los inspectores. “No es común que esto llegue a la Justicia, es común sí que reclamen un fallo. A veces lo hacen los propios alumnos, a veces los padres, pero se suele arreglar todo dentro del ámbito liceal”, precisó Jaureguy. García Montecoral, en tanto, expresó un mayor grado de preocupación: “La Justicia ahí no debió haber fallado, porque Secundaria es un ente autónomo”.

Quejas porque no se aceptan alumnos repetidores

Entre las quejas que se reciben en Secundaria por parte de padres, algunas son contra instituciones que se niegan a reinscribir a alumnos que hayan repetido. La consejera de Secundaria, Isabel Jaureguy, explicó que “estas son empresas privadas” y que en estos casos las autoridades no pueden hacer nada. La presidenta de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep), Zózima González, precisó que “tomar o no tomar a un alumno es parte de los derechos de cada institución”.

“Si hay un grupo en un nivel y tenemos tres repetidores se puede generar un problema, para todo hay un equilibrio y una garantía de un espectro plural”, sostuvo.

En cuanto a si se dan muchos casos en que los colegios sean denunciados en la Justicia por parte de padres, sostuvo que “no es algo que pase comúnmente”, aunque dijo que sí presentan quejas ante las autoridades de las instituciones.

Inspectores en la mira por presión para que pasen más

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) suele denunciar presión por parte de los inspectores para que se promueva a la mayor cantidad de alumnos posible. Desde Secundaria, en tanto, la representante de los docentes sostuvo que ha recibido denuncias de directores por este tema.

“Cuando yo era directora del IAVA nunca me presionaron para pasar a alguien, pero en mis recorridas como consejera, que he estado por todo Uruguay, hubo directores que me plantearon esta situación. Esto ocurre, pero no creo que sea algo generalizado, aunque también pienso que es algo difícil de denunciar”, señaló la consejera.

Lo que sucede es que el mismo inspector al que el director debería denunciar, es el que tiene entre sus potestades calificar su trabajo. Jaureguy señaló que las directoras efectivas son las que se animan a presentar denuncias, mientras que las que no lo son, por temor a una posible mala evaluación, es más factible que se mantengan en silencio.

“La preocupación por los resultados puede llevar a hacer cosas que no corresponden. Todos estamos preocupados por los resultados, pero esto debe ser una consecuencia de los aprendizajes”, insistió la consejera.

Acusaciones

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES-Montevideo) es la que más denuncia “presiones” por parte de las autoridades de Secundaria para que se promueva a alumnos que deberían repetir el grado.

A finales del año pasado el presidente del sindicato, Emiliano Mandacen, señaló a El País que “durante todo el año el cuerpo inspectivo presiona a los docentes para que pasen a todos los alumnos de grado”, y advirtió que una resolución tomada por el Consejo de Educación Secundaria (CES) a fines de 2016 era “un paso más” en este sentido.

Una resolución del CES del año pasado estableció que “en caso de insuficiencia” por parte de los alumnos “en el período comprendido entre el 3 y el 10 de diciembre (los profesores) acompañarán la culminación de esta trayectoria para alcanzar los resultados satisfactorios”, intentando eliminar así la repetición.

Los datos de repetición de 2016 aún no han sido difundidos por Secundaria, pero fuentes del consejo adelantaron a El País que los resultados son mejores que los de 2015.

La repetición viene bajando desde 2011. Pasó de 33% en ese año, a 32,1% en 2012, 30,7% en 2013, 27,7% en 2014, y 26,4% en 2015.

El resultado al que pretende llegar el gobierno, según anunció el presidente Tabaré Vázquez cuando asumió el primero de marzo de 2015, es de un 75% de promoción, al tiempo que se quiere que el 100% de los jóvenes hasta los 18 años estén dentro del sistema educativo.

Cronología de un caso inédito para la educación

Mayo 2013

10. Ana escribió insultos en Facebook enojada porque próximamente entregarían los carnés. “ME QUEDA UN FINDE MÁS DE VIDA”, presagió.

13. Las notas de Ana después de la primera reunión fueron malas. Tuvo seis materias con cinco o menos de cinco. Si seguía así, repetía el año.

Diciembre 2013

5. El colegio entregó a la familia la evaluación final de Ana, en la que tenía seis materias bajas. El límite son cinco, así que repitió el año.

21. Los padres de Ana entregaron a la ANEP una denuncia en la que advirtieron que jamás se les avisó que su hija podía llegar a repetir el año.

Septiembre 2014

17. Secundaria, luego de realizar una investigación, advirtió que Ana fue mal evaluada en Literatura, y alertó que si esto no hubiera pasado, ella no habría repetido. También resolvió que se le exonerara esa materia, que venía cursando en otra institución, y en la que en ese entonces tenía por nota un 4.

Febrero 2015

12. Una audiencia de conciliación entre la familia de Ana y el colegio no llegó a buen puerto. La familia reclamaba una indemnización por más de $ 600.000, por daños y perjuicios derivados de la repetición de la joven, y por el dinero de las cuotas de los colegios, uniformes y boletos de ómnibus.

Febrero 2017

8. La Justicia falló a favor del colegio. Advirtió que la repetición de Ana era algo que se podía prever desde que empezó a cursar, y desconoció lo resuelto por los inspectores de Secundaria, alertando que se debe respetar la “libertad de cátedra” de la docente de Literatura que decidió que la joven no podía aprobar.

Fuente: Diario El País de Uruguay
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