PROVINCIALES

Tobillera electrónica en Entre Ríos: En qué consiste el convenio con Nación

El gobernador Gustavo Bordet, al presentar junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Andrés Garavano, la aplicación en Entre Ríos de la tobillera de vigilancia a personas con prisión domiciliara, aseguró que con ello se “avanza en las garantías individuales y en la protección de nuestra sociedad”. En el acto, concretado en la Casa de Gobierno, también se firmó un convenio para instalar en Paraná una Oficia Regional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas por el Delito de Trata.

El gobernador remarcó la importancia de estas herramientas para dar solución a una problemática muy sensible en la sociedad y remarcó: “Quienes tenemos responsabilidades del gobierno, en los tres Poderes del Estado, podemos tener fallas, pero tenemos que hacernos cargo cuando nos equivocamos. El hacerse cargo significa que el que se equivoca y dicta un fallo que está equivocado, tiene que tener la sanción que corresponde. Y para eso están los mecanismos constitucionales previstos”, aseveró.

En el acto, concretado en el Salón Blanco de la Casa Gris, se anunció la aplicación en Entre Ríos del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, mediante el cual la nación dispondrá 100 tobilleras para que la provincia utilice para el control de personas con prisión domiciliaria, y también se firmó el acuerdo para la apertura en Paraná de una Oficia Regional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas por el Delito de Trata.

El gobernador valoró la nueva visita del ministro de Justicia por y dijo que ello significa “una demostración del trabajo articulado y en conjunto” entre el Ministerio de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de Entre Ríos, los Poderes Legislativos nacional y provincial y el Poder Ejecutivo entrerriano.

Hacerse cargo

“Entendemos que son temas que están atravesado por todos los poderes del Estado y que tienen un alto impacto en nuestra sociedad. Una sociedad que está demandando de quienes tenemos responsabilidades de gobierno y de gestión pública soluciones urgentes y evitar que sigan produciendo hechos que nos causan dolor y que después tenemos que lamentar todos”, manifestó Bordet.

Luego resaltó: “Quienes tenemos responsabilidades del gobierno, no escapamos a la generales de la ley y digo responsabilidades en los tres Poderes del Estado. Todas las personas somos iguales ante la ley, como lo expresa un viejo precepto constitucional y del derecho, y a todos nos comprende esa general de la ley. Entendemos también que todos podemos tener fallas, pero tenemos que hacernos cargo cuando nos equivocamos”, remarcó.

En ese sentido, se explayó y sostuvo que “el hacerse cargo significa que el que se equivoca y quien dicta un fallo que está equivocado, por ejemplo, o quien tiene una función en el Poder Ejecutivo, y a veces también, en el Poder Legislativo, tiene que tener la sanción que corresponde. Y para eso están los mecanismos constitucionales previstos para que esta sanción sea real y efectiva, sin que eso signifique avasallamiento por parte de un poder sobre otro. Estas son las cosas que tenemos que discutir, que la sociedad está esperando para ganar en una mejor calidad institucional y fundamentalmente para que, quien comete un delito, tenga la condena que se requiere y se demanda”, insistió.

Sostuvo que la aplicación del sistema implica “una mejora sensible en nuestro sistema de protección y de vigilancia porque avanza en las garantías individuales. Es un beneficio para las personas que tendrán las tobilleras electrónicas, y también para protección de nuestra sociedad. Son acciones que en definitiva redundan en beneficio de nuestra comunidad, para que nuestra población se sienta segura, para que exista además de un ordenamiento legal métodos y medios restrictivos que tiendan a ordenar cada vez más y ganar cada vez confiabilidad en nuestras instituciones. Por eso, que Entre Ríos incorpore este sistema de vigilancia asistida resulta muy importante y agradezco el apoyo logístico recibido del Ministerio de Justicia de la Nación”, acotó.

En otro orden, el mandatario recordó que en 2016 se “volvió a poner en funcionamiento el Coprev, además de generar los recursos para el funcionamiento y trabajar en la capacitación de recursos humanos, en la difusión y en la concientización de un delito gravísimo de la trata de personas, tanto en los delitos sexuales donde en Entre Ríos hace tiempo se han cerrado todos los establecimientos que propendían a este tipo de explotación. Hay un firme control por parte de nuestras autoridades, como también para poder concientizar a la población de que son actos reñidos con cuestiones morales, como también lo es el trabajo infantil, y que son delitos que tienen que ser severamente castigados por quienes lo cometen”, aseveró.

“En esta lógica de trabajo y funcionamiento ?continuó- es que queremos determinar acciones que nos permitan seguir trabajando para mejorar de forma integral nuestro sistema carcelario en la provincia de Entre Ríos. Lo plantee el 15 de febrero en la Asamblea Legislativa que propondríamos y durante 2017 generar las condiciones para la construcción de una nueva unidad penal en la provincia”, recordó.

Advirtió que esta decisión “no se hace con la idea de generar mayor cantidad de reclusos, sino que lo hacemos para mejorar las condiciones de reeducación y reencausamiento de nuestros reclusos porque también hay que cumplir con el precepto constitucional de que las cárceles deben ser sanas y limpias para protección y no para castigo de quien allí están”, señaló.

Por último, indicó: “Se vienen trabajando con mucha responsabilidad y seriedad en esto. Entendemos que no podemos hacerlo solos, por eso necesitamos seguir trabajando por este camino articuladamente con gobierno de Nación, provincia, con los tres poderes del Estado nacional y provincial, y con toda la comunidad para tener la calidad de vida que necesitan todos los entrerrianos para contar con instituciones fortalecidas en nuestra provincia y, fundamentalmente, para que nuestros ciudadanos en Entre Ríos se sientan seguros y que hay un Estado que se preocupar y los respalda. Ese es nuestro cometido”, concluyó

Por su parte, el Ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, dijo que “entendemos que la implementación en la provincia de las pulseras electrónicas de monitoreo y control de personas con libertad condicional o prisión domiciliaria es una herramienta más en lo que debe ser un abordaje múltiple en términos de seguridad y justicia, y fundamentalmente articulado entre las provincias y el gobierno nacional. Llevamos adelante una agenda conjunta con los ministros Bulrich y Garavano desde inicios de gestión, que ha dado buenos resultados a partir de la construcción del consenso en base a una premisa clara, que es garantizar la seguridad de los entrerrianas”, dijo Mauro Urribari.

EL CONVENIO

El objeto del convenio es la cooperación y asistencia a los efectos de implementar, en casos de personas en conflicto con la ley penal a disposición de la justicia provincial, el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente de la Dirección Nacional de Readaptación Social, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (MJyDH).

A esos fines, el Ministerio de Justicia se obliga a poner a disposición del gobierno de Entre Ríos el servicio de monitoreo de un total de 100 dispositivos electrónicos de control y a capacitar a los operadores del gobierno que llevarán a cabo la implementación del Programa en la jurisdicción.

Por su parte, el gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, se compromete a recibir el requerimiento del Poder Judicial provincial, tendiente a la aplicación del dispositivo electrónico de control y evaluar la posibilidad de incluir el requerimiento judicial en el convenio marco.

Asimismo, evaluar las condiciones objetivas y técnicas del requerimiento y realizar el informe técnico de viabilidad respecto de la conveniencia de aplicación del dispositivo requerido por la autoridad judicial, de acuerdo a los términos y condiciones que surgen del Protocolo de actuación para la implementación del mecanismo de vigilancia electrónica del arresto domiciliario. También se compromete a remitir ese informe al magistrado solicitante con indicación de su opinión en orden a la conveniencia de la implementación del dispositivo de vigilancia electrónica.

Por otra parte, el Ministerio de Gobierno provincial deberá asignar los dispositivos de control electrónico y abrir un legajo personal por cada uno, también en cumplimiento de las exigencias de dicho Protocolo. A la vez, deberá confeccionar el formulario de Alta, que deberá ser remitido a la empresa prestataria del servicio de monitoreo electrónico, a fin de que ésta disponga de los datos necesarios para la supervisión.

Entre otros puntos, el acuerdo también establece que las partes “comparten el interés por generar las condiciones para facilitar la reinserción social de las personas privadas de libertad, garantizando el funcionamiento de los mecanismos de control del efectivo cumplimiento de las penas de aquellas personas que, conforme a derecho, estén en condiciones de transitar la condena fuera de los establecimientos penitenciarios”.

En ese sentido, desde el Ministerio de Justicia se explicitó “la vocación de colaborar con el gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, en toda acción destinada a facilitar la reinserción social de las personas que se encuentren a disposición de la justicia provincial y en condiciones de acceder al arresto domiciliario.

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