Insisten con modificar regímenes de asistencia y evaluación escolares

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En 2011 se estableció que los estudiantes tienen 28 faltas anuales permitidas. Pero en 2015 se quiso extender el límite a las 56 inasistencias. La idea no prosperó. Quieren que no sea un mecanismo expulsor de alumnos del sistema educativo.

Entre Ríos quiere poner en discusión si los regímenes de evaluación y de asistencia en la escuela secundaria necesitan algún tipo de cambios con la vista puesta en mejorar los índices de promoción de alumnos, y evitar el fracaso.

La idea es transformar el aula en un lugar “amigable” para el estudiante, y que decida ir, y no se sienta obligado a ir. Pero además, esa revisión evitar que la aplicación a rajatabla de una determinada reglamentación deje afuera del sistema a un alumno porque se haya excedido en la cantidad de inasistencias permitidas.

“La idea es rediscutir”, dice Marcela Mangeón, vocal del Consejo General de Educación (CGE), aunque esa rediscusión, apunta, debe empezar desde el seno de las comunidades educativas. “Debemos llegar a modelos institucionales que al chico le den ganas de estar adentro de la escuela”, agrega.

Educación viene de un 2016 de una pulseada feroz con las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación en procura de mantener el financiamiento para los distintos planes educativos. Aunque la cartera que dirige el ministro Esteban Bullrich también reclama a los distritos provinciales el cumplimiento de determinados parámetros, como ser la adecuación a la ley de la extensión de la secundaria.

Entre Ríos, con el plan de resignificación de la escuela secundaria, que comenzó a implementar en 2011, se puso en punta con esos cambios. La denominada “resignificación” de la escuela secundaria que implicó una transformación en la organización institucional de la escuela y una renovación de los contenidos. El principal cambio, fue la obligatoriedad del nivel medio.

A esa mutación organizacional, se le sumó otro, más profundo, que es el cambio en los contenidos. La reorganización empezó en 2010, con una prueba piloto en 67 escuelas de toda la provincia -50 estatales, 17 privadas- aunque en 2011 se generalizó a todo el sistema. La escuela secundaria dejó atrás las terminalidades tradicionales, y otorga en Entre Ríos un único título de bachiller, en seis grandes ramas, Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias Naturales, Administración y Economía, Artes y Comunicación.

Pero al cambio en la organización -se amplió a seis años, con la incorporación del antiguo séptimo grado de la primaria-, se sumó un nuevo sistema de evaluación: se empezó a relativizar el aplazo.

Así, las escuelas comenzaron a incluir una semana de “integración de saberes” al finalizar cada trimestre de modo de “recuperar” a los alumnos que se hayan rezagado. Esas instancias de “integración” se repiten en diciembre, y en febrero, y sólo en el caso de que el chico no supere ninguna de esas posibilidades, irá a un tribunal examinador en marzo.

La resolución Nº 1.582, dictada por el Consejo General de Educación (CGE) el 12 de mayo de 2011, instó a las escuelas a establecer mecanismos de enseñanza “integradores” de modo que se “promueva la movilidad de los alumnos”, lo cual quiere decir otra cosa que las escuelas apliquen mecanismos que eviten la repitencia del alumno.

Esa normativa, además, incorporó la posibilidad de que el estudiante pueda poner en cuestión una calificación. Así, previó que un estudiante, o un grupo de estudiantes o también los padres pueden pedir una revisión sobre alguna “instancia del proceso de evaluación, debidamente fundado”. Y que se “procederá a dar intervención al docente comprendido en el mismo para explicar sobre los criterios de evaluación y calificación oportunamente comunicados y las estrategias de evaluación utilizadas. De continuar el mismo, la institución arbitrará los mecanismos para resolver la situación planteada”.

Pero también en Educación quieren revistar el régimen de inasistencias hoy vigente en la escuela secundaria.
“El año pasado, estuvimos abocados a analizar el estado de situación: qué había, qué no había, que se perdió, que resta hacer. Ahora, lo que debemos hacer es tomar decisiones a partir de ese diagnóstico. Tenemos que sentarnos a analizar y a hablar con los docentes. Por ejemplo, las tutorías pedagógicas que se disponen para ayudar a los alumnos a promover materias, ver qué pasa, qué se hace cuando un alumno ha faltado más de lo permitido y qué se hace con ese alumno que queda libre. Pero hay que ir un poco más allá: analizar por qué faltan los chicos”, asegura Mangeón.

En 2011, el CGE comenzó a aplicar un régimen de asistencias que se pretendió modificar, sin éxito, en 2015.
De acuerdo a ese sistema, el estudiante en la escuela secundaria tiene permitido 20 inasistencias anuales, con la posibilidad de extenderlas a 28, justificadas por causas de fuerza mayor, como la salud.

Pero en 2015 el entonces director de Educación Secundaria, Sergio Altamirano, pretendió aplicar cambios a ese régimen: propuso un mecanismo de inasistencias y tardanzas que impone un límite superior a las 36 ausencias anuales, como mínimo y un máximo de hasta 54 faltas factibles de ser extendidas según la realidad de cada escuela y establece la posibilidad de asistir a clase por materias.

El camino para llegar a esta instancia es largo, indica que cuando el alumno sobrepasa el límite de inasistencias permitido se comienzan a considerar las faltas por materia o espacio curricular. Si no logra cubrir el 80% de la asistencia (según la carga horaria anual de cada espacio curricular), queda libre y se lleva la materia; de lo contrario, su condición será la de regular.

Pero ahora desde el CGE la mirada está puesta en otro lugar: quieren que el régimen de inasistencia no sea un mecanismo expulsor de alumnos del sistema educativo. Desde Educación quieren que el debate se abra en 2017, con un análisis hacia el interior de las escuelas respecto de qué se enseña, cómo se enseña, para después analizar por qué lo que se enseña no genera tanto interés entre los adolescentes.

Fuente: El Diario
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