Empresa de insumos hospitalarios deberá devolver dinero al Estado entrerriano

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La firma deberá devolver el dinero que el Estado le pagó por equipos e insumos para el laboratorio de medicamentos genéricos proyectado por el ex gobernador Sergio Montiel en la ciudad de Federal.

La justicia federal condenó a una empresa de insumos hospitalarios por la retención de elementos que cobró y no entregó para el laboratorio de medicamentos que el Estado provincial había planificado instalar en la ciudad de Federal, allá por el año 2003, durante la segunda administración de Sergio Montiel.

La empresa Ingest SA, con sede en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, deberá reintegrar al Estado 134.016,01 pesos que le adeuda por la falta de cumplimiento de las órdenes de compra de equipamiento para el laboratorio. Ese monto, de todas maneras, deberá ser actualizado de acuerdo a la tasa de interés vigente desde el año 2003 hasta la actualidad, lo que multiplicaría en bastante esa suma.

Según consta en los expedientes administrativos, y así lo corroboró la Justicia Federal, el Estado provincial compró algunos de los insumos necesarios para montar el laboratorio, pero la empresa entregó la mitad de aquello por lo que se le pagó.

Eso motivó una demanda ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay que tuvo sentencia favorable al Estado, lo que hace unos días fue ratificado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

“El fallo se basa en el incumplimiento de entrega -en tiempo y forma- de los equipos detallados en las convocatorias públicas; disponiéndose el reintegro al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos de las sumas percibidas en concepto del 50% del monto global estipulado, con más sus intereses y las costas del juicio”, consignó el tribunal.

El fallo también consignó que el reclamo que en 2003 era por 134.016,01 pesos hoy debe ser actualizado en función de la inflación e intereses.

El fallo desechó los argumentos de la empresa en cuanto a que “las órdenes de compra fueron revocadas unilateralmente por el director del proyecto” y “que los elementos estaban a disposición para su inspección en planta”, algo de lo que no ofreció pruebas. Además, rechazó el tribunal el planteo de que “el equipamiento estaba listo para entregarse aunque faltaba el pago del saldo del precio”. De esa forma, la empresa pretendió cargar el incumplimiento en el Estado provincial.

El proyecto
La planta provincial de medicamentos genéricos fue un proyecto del ex gobernador Sergio Montiel, a través del decreto número 1.767 del año 2003, con el objetivo de que el Estado tuviera un laboratorio para abastecer la demanda de los principales remedios de los hospitales públicos entrerrianos.

El objetivo del programa que impulsaba el Gobierno provincial de entonces era “mejorar la calida y la eficiencia en la atención de salud en la provincia de Entre Ríos, mejorando el sistema de gestión de compras para la previsión de insumos médicos, material descartable y materia prima para la producción de medicamentos genéricos, así como la gestión para la adquisición de equipamiento necesario para llevar a cabo dicha elaboración; con el objeto de optimizar la relación costo-efectividad, costo-eficiencia y costo-beneficio, mejorando la logística y la relación de agencia profesional”.

El proyecto, además, contaba con apoyo del Gobierno nacional y del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, en el marco del Programa para Apoyo al Fortalecimientote los Programas Médico Asistenciales de la Provincia de Entre Ríos. La inversión estimada era de 7,4 millones de dólares y las obras trascendían a la gestión de Montiel, ya que se iniciarían en abril de 2003 y estaría listo para abril de 2005.
En ese complejo esquema, la Provincia asumió la ejecución de todo el proceso de licitaciones para la compra de equipamientos e insumos y la adjudicación de las obras que demandara el proyecto. Para eso, además, constituyó Industrias Farmacéuticas de Entre Ríos (Infader), una sociedad estatal con domicilio en la ciudad de Federal que sería la administradora de la fábrica de medicamentos.

Ingest SA resultó adjudicada en una licitación pública convocada por el Estado provincial para la adquisición de una estufa de secado de granulado, granuladoras y accesorios, comprimidoras multipunzón y un compresor, todos equipos que habían sido requeridos por los organismos nacionales e internacionales que fiscalizaban el proyecto para su aprobación.

El incumplimiento en la entrega de parte del equipamiento fue lo que motivó la demanda del Estado y la posterior condena a la empresa, que fue recientemente ratificada por la Cámara Federal.

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